De esta forma, las Comunidades Autónomas tienen potestad para moldear el IRPF, adaptándolo a sus territorios mediante una escala de gravamen autonómico propia que se aplica a la base imponible general del impuesto (formada por el grueso de las rentas de la mayoría de contribuyentes: rendimientos del trabajo, rendimientos del capital inmobiliario, imputaciones de renta