La vivienda en España se ha posicionado como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, no solo por la escasez de oferta, sino también por la elevada fiscalidad que grava todo su ciclo de vida.
Nuestro país aplica el tercer tipo impositivo más alto de Europa en transacciones inmobiliarias (11%), situándose solo por detrás de Bélgica y Reino Unido. Este gravamen se ve reforzado por la concurrencia de figuras como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el IVA, la plusvalía municipal, el IBI y múltiples tasas locales vinculadas a licencias y certificaciones.
Según estudios recientes, esta presión fiscal puede suponer un incremento del 20% en el precio final de la vivienda, trasladándose parte de la carga desde el promotor al comprador. Además, en determinados supuestos se produce una triple imposición (IBI, Patrimonio e IRPF por imputación de rentas inmobiliarias).
El reparto de la recaudación evidencia la complejidad del sistema: el Estado absorbe el 50,4%, las comunidades autónomas el 22,9% y los ayuntamientos el 26,6%. En términos comparados, la tributación efectiva sobre la vivienda en propiedad alcanza el 30,3%, el porcentaje más alto de la OCDE después de Canadá, frente al 6,5% de media en la Unión Europea.
Tanto la OCDE como el Consejo General de Economistas coinciden en recomendar una revisión de la fiscalidad inmobiliaria, limitando los impuestos a las transacciones y favoreciendo una tributación vinculada a la renta y al uso de los inmuebles.
Para los asesores financieros, este contexto implica que cualquier planificación patrimonial o estrategia de inversión inmobiliaria en España debe contemplar de manera detallada la carga tributaria en cada fase del proceso. Un análisis fiscal adecuado puede marcar la diferencia entre una operación rentable y otra insostenible.
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